El pasado 18 de febrero, la Sala de Reconocimiento de la JEP hizo pública la estrategia de priorización interna del caso 003 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” configurando el universo de victimas y los territorios priorizados para la investigación.
Para el desarrollo del macrocaso 003 aperturado mediante Auto 005 del 17 de Julio de 2018, la JEP había considerado un universo de víctimas de 2.248 personas en 29 departamentos del país, en un horizonte temporal entre 1988 y 2014, concentrándose en el 59,3% ocurridos entre 2006 y 2008, información respaldada por el Informe General de la Fiscalía y los listados del Ministerio de Defensa.
Desde la apertura del caso, algunos colectivos de víctimas acreditados, como Madres de víctimas de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), las Mesas Municipales de Victimas del Medio y Bajo Putumayo, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos (MEROS), el Colectivo Luis Carlos Pérez, presentaron informes en los que indicaban un mayor número de víctimas que las reconocidas oficialmente.
Basados en estos informes, la Sala de Reconocimiento inició una nueva investigación sustentada en los expedientes e informes de la Fiscalía, del Centro de Memoria Histórica, la Procuraduría General de la Nación, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CEEU), los informes de las víctimas y las versiones voluntarias. Estableciendo un total de 6.402 víctimas y priorizando 6 ‘subcasos’ territoriales y un espacio temporal de 2002 a 2008.
“Pensamos que hay aproximadamente unos 4.475 civiles inocentes víctimas de falsos positivos”
Informe entregado por Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez- Ejecuciones extrajudiciales en Santander y Norte de Santander, 2018
El 66% de las víctimas en el territorio nacional, se concentra en 10 de los 32 departamentos, siendo Antioquia, Meta y Caquetá, los departamentos con mayor número de víctimas identificadas. Considerando la magnitud de la victimización, el análisis de las dinámicas del conflicto territorial y de las unidades militares inherentes, los subcasos priorizados en esta primera etapa se muestran en el siguiente mapa.
La nueva priorización permitirá ampliar el espectro de análisis, particularmente en el caso de la Costa Caribe, en el que inicialmente las investigaciones se habían concentrado exclusivamente en el departamento de Cesar. Asimismo, en el caso de Norte de Santander donde además de Catatumbo en próximas etapas se espera ampliar el espectro a todo el departamento, particularmente la región de Ocaña.
La estrategia de investigación establecida se centrará en analizar el caso de “abajo hacia arriba”, identificando los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local, para posteriormente avanzar en la determinación de los máximos responsables a nivel regional y nacional.
A pesar de que se registra participación de unidades militares de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, y la Policía, la única Fuerza Militar a estudiar en esta primera etapa es el Ejército Nacional. Los beneficios jurídicos adquiridos por los miembros de la Fuerza Pública sometidos a las actas de compromiso de la Ley 1820 de 2016 se mantendrán.
Entre 2000 y 2008, ocurrió el 78% del total de la victimización histórica, 2007 fue el año con mayor número de casos identificados.
Auto 033, 2021
Se espera celeridad con esta etapa, a fin de continuar el proceso en los demás territorios y unidades militares identificadas, que se encuentran en fase de análisis y sistematización, incluyendo los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo.
Fuente de información: Auto 033 de 2021, JEP.
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