CARTA EDITORIAL No. 1

Tres razones principales de la crisis de Colombia


“Ne cives ad arma veniant

Para que los ciudadanos no lleguen a las armas

Por: Melba L. Calle Meza, Ph.D.

Dirección de la Red Iberoamericana de la Transición A La Paz-IBERPAZ

Queridos amigos y colegas:

Agradecemos muy sinceramente los mensajes de solidaridad y preocupación que estamos recibiendo de nuestros contactos en la Red-IBERPAZ.

Atravesamos momentos muy dolorosos, son tiempos realmente críticos originados en la represión oficial de las protestas pacíficas y lamentablemente no son inéditos pues los colombianos tenemos una muy larga experiencia de represión y de violencia iniciada debido al abuso de la fuerza pública (Art.216 Constitución de 1991).

No obstante, la explosión social actual tiene rasgos propios. Hemos querido tomarnos unos días para reflexionar y escribirles para expresarles nuestro parecer y sentimientos sobre lo que aquí sucede. A continuación, comentamos tres principales razones de la presente crisis, según lo que hemos podido resumir.

  1. Razones económicas: El hambre.

Desde el pasado 28 de abril, con el paro convocado por el Comité Nacional de Trabajadores, se iniciaron enormes movilizaciones del pueblo colombiano.

En primer lugar, las personas jóvenes que ven su futuro amenazado por un muy negativo presente, por un, ya se ha llamado así, “no futuro”. Una protesta general contra un proyecto de ley tributaria descabellada, capaz de gravar con un IVA del 19% los gastos funerarios cuando las muertes por COVID 19 alcanzaron la cifra de 492 diarias en los últimos días (El Colombiano, 3 de mayo de 2021)

El insensato proyecto de gravar la cesta de la compra, y otras desconsideraciones a la gente más necesitada, han hecho estallar una revuelta social de una magnitud nunca vista. Aunque hay un precedente de protesta masiva contra este gobierno del 21 de noviembre de 2019 (Calle Meza, M. (2019).

Todo ello, con el terrible telón de fondo de más de 21,02 millones de colombianos que se encuentran en situación de pobreza, ingresan menos de $ 88.56 dólares mensuales y 7,47 millones viven en condiciones de pobreza extrema, con menos de 38,40 dólares al mes. Esto es, no cuentan con lo necesario para consumir las calorías diarias para una buena salud, según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (Salazar Sierra, C., 2021).

Que Colombia es la sociedad más desigual de Latinoamérica, lo habíamos confirmado desde el año pasado, con el informe del Índice de Desarrollo Regional para América Latina (IDERE LATAM) que mide el desarrollo a través de ocho aspectos: educación, salud, bienestar y cohesión, actividad económica, instituciones, seguridad, medio ambiente y género. Y, según el cual, este es el país de la región donde más cuesta “ejercitar las libertades para la concesión de objetivos en distintas áreas de la vida” (Infoabe, 2020).

Pero el COVID 19 ha empeorado tremendamente la situación pues con las medidas de restricción a la movilidad y cuarentenas obligatorias se destruyeron al menos cinco millones de puestos de trabajo en los primeros meses de la pandemia y ello ha provocado el aumento de la informalidad laboral.

Según el Dane, en el trimestre diciembre 2020 – febrero 2021, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1%. Cuyo principal efecto es el detrimento de los ingresos laborales pues, según Fedesarollo, aunque así se tenga algún sustento, la informalidad puede representar un aumento de la pobreza ( González Olarte, M. 2021)

Desde el punto de vista de la historia, ha aparecido el HAMBRE junto a la falta de perspectivas económicas de Colombia. Y los dirigentes políticos gubernamentales siguen empeñados en que esta horrible situación la paguen el pueblo y los más desfavorecidos.

Por todo lo anterior, lo prioritario en estos momentos es vacunar sin más dilaciones a todos los habitantes del territorio colombiano sin excepción. Esta es la primera exigencia que se hace claramente al gobierno colombiano: vacunación para todos ya.

2. Represión violenta y criminal de las manifestaciones.

El 2 de mayo, el Presidente Iván Duque anunció la aplicación de asistencia militar en las movilizaciones. En este marco, los cuerpos de seguridad, fuerzas civiles y militares, han contravenido los estándares internacionales e internos que regulan el uso de la fuerza en las protestas.

Incluso se ha desconocido el fallo de la Corte Suprema colombiana que evidenció una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas y ordenó frenar su actuar violento y arbitrario (STC7641-2020).

En su más reciente informe, la ONG local Temblores indica que desde las 6.00 del 28 de abril y hasta las 10.00 del 6 de mayo han registrado 1.728 casos de violencia policial, 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 934 detenciones arbitrarias, 37 muertes por violencia policial y 11 casos de violencia sexual por parte de los agentes (Plazas, N., 2021)  

Un número muy importante de muertes se registró en la ciudad de Cali. Las organizaciones de derechos humanos, hasta el 3 de mayo, reportaron 14 personas que fallecieron, entre ellos, dos menores a causa del impacto de balas disparadas por la Policía Nacional. Solo en Cali, las organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 600 detenciones arbitrarias y 8 personas con lesiones oculares.

Incluso la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Verificación en Colombia ha sido víctima de agresiones y ataques con armas de fuego por parte de la policía y el ESMAD.

Son muchos los materiales fotográficos y audiovisuales muestran el actuar brutal de los cuerpos de seguridad, incluyendo agentes de la Policía Nacional, Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD y Ejército.

También se han contabilizado muertes ocasionadas por el impacto de armas de fuego disparadas por los cuerpos de seguridad en Bogotá, Ibagué, Madrid, Medellín, entre otras ciudades (Amnesty, 2021; New York Times, 2021; Organización Mundial contra la tortura, 2021)

En resumen, tal como lo han señalado los organismos pertinentes de la ONU, Unión Europea y centenares de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, ha sido la DESPROPORCIÓN del uso de la fuerza por parte de la policía y fuerzas de seguridad del Estado, la causante principal del resultado sangriento y mortal de las movilizaciones pacíficas e iniciadas con la convocatoria al Paro Nacional de 28 de abril. El uso indiscriminado de las armas de fuego contra los manifestantes, acción de la que es responsable el gobierno de Iván Duque, ha sido el detonante del resultado fatal de esa intervención.

Ha de quedar claro que las manifestaciones se ejercen en desarrollo del derecho fundamental a las mismas, conforme al artículo 37 de la Constitución de 1991 de la República de Colombia: Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.

Ha de quedar claro también, aunque nuestros gobernantes no lo tienen así de claro, que la misión civilizada de la policía es la de proteger el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía, entre otros el de manifestación, además, por supuesto, de los derechos a la libertad y a la vida.

Las fuerzas policiales, a las órdenes de Iván Duque, no lo olvidemos, no se han comportado en el sentido constitucional antes expresado y han tratado a los manifestantes como si fueran el “enemigo interior” de la patria. Cuando los manifestantes han sido los auténticos patriotas al protestar por una situación económica y social insoportable. A impulso de la Fiscalía han sido detenidos e imputados los presuntos autores del homicidio de un Capitán de la policía. Exigimos la misma celeridad y profundidad en la investigación para detener y juzgar a los autores de las muertes de los fallecidos en los disturbios.

Exigimos, también, que se esclarezca a la mayor brevedad posible la situación de los desaparecidos en estos días.

Ahora bien, ciertamente se han producido daños y destrucción en edificios públicos y privados en varias ciudades del país, en especial en Cali y Bogotá, como estaciones de autobuses, supermercados, bancos y particularmente ataques contra los centros de atención inmediata de la policía CAI.  Pero, atribuir la responsabilidad principal de lo sucedido a los actos vandálicos, no son sino excusas gubernamentales para no rendir cuentas por no haberlos prevenido ni haberlos detenido y puesto a buen recaudo a los autores de los desmanes.

Cuando hay un delito flagrante es obligación de la policía detener a los que lo han cometido y, cuando se dice otra cosa, es una exhibición propagandística de pretextos para intentar justificar lo injustificable.

Ni siquiera la presencia de vándalos puede legitimar el empleo de las armas de fuego contra los conciudadanos de la policía, pues su función es detenerlos y llevarlos ante la autoridad judicial.

En consecuencia, lo segundo prioritario que se exige es el fin inmediato de toda represión oficial e investigación de los crímenes cometidos con sanción de los responsables.

3. El menosprecio de los acuerdos de paz: trasfondo de la protesta.

Este gobierno no ama la paz tan necesaria para el pueblo colombiano. Se ha opuesto y ha retrasado gravemente la implementación del Acuerdo Final de Paz. Ha permitido, por no poner los medios necesarios, el asesinato de los excombatientes que dejaron las armas y creyeron en los acuerdos. También han sido asesinados, y no se tomaron las medidas para evitarlo, cientos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Son al menos 904 líderes sociales y 276 excombatientes de la ex guerrilla de las FARC los que han sido asesinados desde 2016, según un informe de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) (Arciniegas, Y., 2021)

El desdeño del Acuerdo Final de Paz es la mejor muestra de la falta de comprensión de la clase política gobernante de la transformación iniciada con la creación de Colombia como un Estado social de derecho en la Constitución de 1991, que estableció la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todos, empezando por las autoridades. Y sentó las bases de la paz que permitieron lograr el Acuerdo Final. que no es sino el desarrollo de la transición inconclusa iniciada en 1991 y que se dirige indefectiblemente a la construcción de una sociedad mas igualitaria y justa en Colombia. Este proceso es imparable, ninguna fuerza criminal lo puede detener.

La falta de implementación de los puntos del Acuerdo Final de Paz de 2016 es el fondo que subyace a la protesta nacional actual.

Por tanto, este gobierno, en lo poco que le queda hasta las elecciones de 2022, debe priorizar sin excusas la realización de los puntos del acuerdo porque en ellos se resume gran parte de los problemas que aquejan a Colombia y es lo que puede evitar que continúe agravándose la violencia: Ne cives ad arma veniant.

Finalmente, apoyamos el ejercicio de la manifestación pacífica hasta que se concrete punto por punto la forma en que va a cumplir este gobierno con el pliego de peticiones del Comité Nacional de Trabajadores. Y, en todo caso, habrá que exigir que se establezcan por los organismos competentes las responsabilidades del presidente y sus ministros por todas las muertes a bala de los compatriotas colombianos en las últimas manifestaciones.

Toda nuestra solidaridad con los familiares y allegados de cada uno de nuestros conciudadanos fallecidos durante estas protestas.

Referencias

Amnesty (2021). Colombia: Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones. Amnesty, 4 mayo. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-amnistia-denuncia-respuesta-militarizada-represion-policial/

Arciniegas, Y. (2020). Colombia: 1.184 líderes sociales y excombatientes de las FARC asesinados desde 2016. France 24, 20 abril.

https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210420-colombia-asesinatos-lideres-sociales-exfarc-jep

Calle Meza, M. (2019). Reflexiones sobre las causas coyunturales y estructurales de la inédita protesta social del 21 N en Colombia. Pensamiento Crítico. Noviembre http://www.pensamientocritico.org/reflexiones-sobre-las-causas-coyunturales-y-estructurales-de-la-inedita-protesta-social-del-21-n-en-colombia/

Corte Suprema de Justicia (2020). STC7641-2020. Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-02527-02. Magistrado Ponente. Luis Armando Tolosa Villabona.

El Colombiano (2021). Colombia sumó otros 492 muertos por Covid. El Colombiano. 3 de mayo. https://www.elcolombiano.com/colombia/salud/nuevos-casos-de-coronavirus-covid-19-en-colombia-BF12602605 )

González, M. (2021). Informalidad: en hombres y mujeres aumentó. Portafolio, Abril 13 https://www.portafolio.co/economia/informalidad-laboral-en-colombia-llego-a-48-7-548249

Infobae (2020). Detalles del informe que ubica a Colombia como el país más desigual de América Latina.  Infoabe. 1 de Noviembre.

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/01/detalles-del-informe-que-ubica-a-colombia-como-el-pais-mas-desigual-de-america-latina/, )

Organización Mundial contra la Tortura (2021). Colombia: Brutal represión de la protesta social.  Organisation Against Torture, 4 de mayo.

https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-brutal-represi-n-de-la-protesta-social

Plazas, N. (2021).  Colombia: organizaciones de DD. HH. reportan la desaparición de 471 personas,  France 24: 08/05/2021 – 01:41.

https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210507-colombia-protestas-desaparecidos-gobierno-cifras-disimiles

Salazar, C. (2021). Más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema. La República, 30 de abril. 

https://www.larepublica.co/economia/mas-de-21-millones-de-personas-viven-en-la-pobreza-y-74-millones-en-pobreza-extrema-3161813

Turkewitz, J. & Villamil, S. (2021). La policía de Colombia responde a las protestas con balas y hay más muertos. New York Times, 5 de mayo. https://www.nytimes.com/es/2021/05/05/espanol/protestas-policia-colombia.html

La JEP actualiza la priorización interna del Caso 003

El pasado 18 de febrero, la Sala de Reconocimiento de la JEP hizo pública la estrategia de priorización interna del caso 003 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” configurando el universo de victimas y los territorios priorizados para la investigación.

Para el desarrollo del macrocaso 003 aperturado mediante Auto 005 del 17 de Julio de 2018, la JEP había considerado un universo de víctimas de 2.248 personas en 29 departamentos del país, en un horizonte temporal entre 1988 y 2014, concentrándose en el 59,3% ocurridos entre 2006 y 2008, información respaldada por el Informe General de la Fiscalía y los listados del Ministerio de Defensa.

Desde la apertura del caso, algunos colectivos de víctimas acreditados, como Madres de víctimas de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), las Mesas Municipales de Victimas del Medio y Bajo Putumayo, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos (MEROS), el Colectivo Luis Carlos Pérez, presentaron informes en los que indicaban un mayor número de víctimas que las reconocidas oficialmente.

Basados en estos informes, la Sala de Reconocimiento inició una nueva investigación sustentada en los expedientes e informes de la Fiscalía, del Centro de Memoria Histórica, la Procuraduría General de la Nación, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CEEU), los informes de las víctimas y las versiones voluntarias. Estableciendo un total de 6.402 víctimas y priorizando 6 ‘subcasos’ territoriales y un espacio temporal de 2002 a 2008.

Pensamos que hay aproximadamente unos 4.475 civiles inocentes víctimas de falsos positivos

Informe entregado por Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez- Ejecuciones extrajudiciales en Santander y Norte de Santander, 2018

El 66% de las víctimas en el territorio nacional, se concentra en 10 de los 32 departamentos, siendo Antioquia, Meta y Caquetá, los departamentos con mayor número de víctimas identificadas.  Considerando la magnitud de la victimización, el análisis de las dinámicas del conflicto territorial y de las unidades militares inherentes, los subcasos priorizados en esta primera etapa se muestran en el siguiente mapa.

La nueva priorización permitirá ampliar el espectro de análisis, particularmente en el caso de la Costa Caribe, en el que inicialmente las investigaciones se habían concentrado exclusivamente en el departamento de Cesar. Asimismo, en el caso de Norte de Santander donde además de Catatumbo en próximas etapas se espera ampliar el espectro a todo el departamento, particularmente la región de Ocaña.

La estrategia de investigación establecida se centrará en analizar el caso de “abajo hacia arriba”, identificando los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local, para posteriormente avanzar en la determinación de los máximos responsables a nivel regional y nacional.

A pesar de que se registra participación de unidades militares de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, y la Policía, la única Fuerza Militar a estudiar en esta primera etapa es el Ejército Nacional. Los beneficios jurídicos adquiridos por los miembros de la Fuerza Pública sometidos a las actas de compromiso de la Ley 1820 de 2016 se mantendrán.

Entre 2000 y 2008, ocurrió el 78% del total de la victimización histórica, 2007 fue el año con mayor número de casos identificados.

Auto 033, 2021

Se espera celeridad con esta etapa, a fin de continuar el proceso en los demás territorios y unidades militares identificadas, que se encuentran en fase de análisis y sistematización, incluyendo los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo.

Fuente de información: Auto 033 de 2021, JEP.

Profesor Dr. Luis Edgar Cruz (Q.D.E.P.)

Estimad@s investigador@s y amig@s:

Lamentamos profundamente comunicarles el fallecimiento de nuestro colega el profesor Dr. Luis Edgar Cruz, miembro de nuestra red y quien también nos acompañó en el I Congreso Internacional del 2020.
El Dr. Cruz fue un destacado académico de nuestro país, economista de la Escuela Superior de Economía Bruno Leucher de Berlín y docente por casi 20 años de la Universidad Militar Nueva Granada, además de decidido activista por la paz como miembro del Consejo Nacional de Paz.
Para el Observatorio Internacional de la Transición a la Paz OBITPAZ y para sus compañeros es una muy dolorosa pérdida; vamos a echar mucho de menos a nuestro querido amigo Luis Edgar.


Blog de WordPress.com.

Subir ↑