Los hechos más destacados sobre la Paz, La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Derechos Humanos en Colombia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA Y CULTURAL DESTACADA:

Del 11 al 15 de octubre se celebraron conjuntamente la I Semana Universitaria por la paz y las VI Jornadas del Constitucionalismo de la paz. En su organización y patrocinio participaron las universidades colombianas Militar Nueva Granada, Nacional, Pedagógica, Distrital, Colegio Mayor de Cundinamarca y Universidad Industrial de Santander, así como las universidades españolas de Zaragoza y de Valencia. 

 El objetivo del encuentro fue llamar la atención sobre los obstáculos y desafíos de la paz en Colombia. Con este fin fueron invitados conferencistas nacionales e internacionales, expertos en los temas de la paz local pero también desde visiones comparadas o externas (El Salvador, Guatemala, España, México, Irlanda, Estados Unidos). Igualmente se desarrollaron actividades culturales,  se presentaron informes de investigación y se realizaron talleres de semilleros de investigación.

El día 11 se dedicó al análisis de los principales obstáculos de la paz desde la experiencia de la Comisión de la Verdad e Indepaz, asimismo, desde la perspectiva de países como Guatemala, El Salvador o Irlanda. Además, se analizó la paz amordazada desde experiencias colectivas e individuales.

Vídeos del primer día:

El 12 de octubre se dedicó a los desafíos políticos y conceptuales, así como al arraigo de la cultura de paz. 

Videos del segundo día.

Y el 13 de octubre se celebraron las VI Jornadas del Constitucionalismo de la paz que tuvo como invitada especial a la Jurisdicción Especial de Paz-JEP, además de reconocidos conferencistas de España y México.

Vídeos del tercer día.

Los días 14 y 15 se celebraron diferentes actividades con los semilleros de investigación en el Campus Nueva Granada de la Universidad Militar.

Programa de las actividades de semilleros de investigación.

17 DE OCTUBRE DE 2021

NOTICIA DESTACADA

ACUERDO DE PAZ, A EXAMEN EN CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU examina este jueves los avances de los Acuerdos de Paz en Colombia, sobre la base de un informe del secretario general, Antonio Guterres, que recuerda al gobierno de ese país que subsisten “desafíos considerables” por el deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones.

Cuando están a punto de cumplirse cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las Farc y en plena recta final del gobierno del presidente Iván Duque, esta revisión servirá para alertar sobre los desafíos que complican su implementación.

Sobre todo, por la violencia “desproporcionada” que sufren los territorios con poblaciones indígenas y afrocolombianas, en particular en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño.

Aunque el proceso de paz de Colombia sigue siendo “fuente de inspiración para el mundo”, ni la sociedad colombiana ni la comunidad internacional “deberían ignorar los enormes desafíos y los factores de riesgo” que enfrenta su consolidación, advierte Guterres.

Para Guterres, el sistema de justicia transicional “sigue demostrando su papel fundamental”, en particular la labor de la Comisión de la Verdad.

“Sus esfuerzos por tener en cuenta las voces de las víctimas y de todas las personas involucradas en el conflicto son un recordatorio de que contribuir genuinamente a la verdad” es un “imperativo moral en una sociedad que se esfuerza por superar décadas de conflicto”, concluye.

En seis décadas, el conflicto en Colombia deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

https://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdos-de-gobierno-y-farc/acuerdo-de-paz-a-examen-en-consejo-de-seguridad-de-la-onu-LF15898560

OTRAS NOTICIAS

INFORMES DESCLASIFICADOS EN EE UU DETALLAN LA “SIMBIOSIS” DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA CON LOS PARAMILITARES

Los documentos emergieron durante un juicio al exjefe paramilitar Macaco por el asesinato del líder y periodista Eduardo Estrada

El 27 de septiembre, durante un juicio contra Carlos Mario Jiménez, Macaco, temido exjefe paramilitar, en una corte federal en Florida salieron a la luz documentos desclasificados de la CIA y el departamento de Estado que confirman que en Colombia hubo una “relación simbiótica” entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

“Los actores estatales apoyaron activamente las operaciones del Bloque Central Bolívar BCB (que encabezó Jiménez) mediante el intercambio de inteligencia, armas y uniformes militares”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo, considerado un hito. La sentencia responsabilizó a Macaco del asesinato de Eduardo Estrada, un líder social y periodista baleado en 2001 en el departamento de Bolívar, y de la tortura de su esposa, como parte de una demanda civil presentada a nombre de varias víctimas.

Para llegar a esa conclusión, Torres se apoyó en al menos una decena de informes desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado, que han sido publicados por el portal informativo National Security Archive en distintos momentos. Se trata de una serie de informes, memos y cables diplomáticos que dan cuenta de la colaboración entre esos escuadrones y el Estado colombiano, una verdad a voces en el país que era conocida también por el Gobierno estadounidense, como ahora se demuestra.

https://elpais.com/internacional/2021-10-09/informes-desclasificados-en-ee-uu-confirman-las-relaciones-del-ejercito-de-colombia-con-los-paramilitares.html

DELITO DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO TAMBIÉN SERÍA TORTURA

La génesis está en la JEP, que admitió como víctima a exFarc obligada a tomar anticonceptivos y tener relaciones sexuales desde los 12 años.

La acreditación como víctima de una mujer que fue reclutada a los 12 años por la extinta guerrilla de las Farc y obligada a tomar anticonceptivos y tener relaciones sexuales con sus comandantes, abrió una nueva arista para las investigaciones que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, relacionadas con violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres.

Según la jurisdicción, ese tipo de “violencia estructural” dirigida a las niñas y mujeres durante épocas de guerra es tan relevante, que podría establecerse como una forma de tortura, trato cruel o ultraje contra la dignidad personal, un aspecto que se definirá en la investigación del caso.

https://www.elcolombiano.com/colombia/violencia-sexual-en-las-farc-podria-calificarse-como-torura-segun-la-jep-LF15899299

COLOMBIA: QUIÉNES SON Y CUÁNTO PODER TIENEN LOS GRUPOS QUE SE RESISTEN A LA PAZ

Cuando se cumplen cinco años de la firma de la paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los indicios de que el pasado violento del país aún está vigente parecen volver a surgir.

Durante las últimas semanas, varios incidentes dejaron en evidencia los limitantes de la paz.

Un ataque del ejército cerca de la Amazonía mató a diez miembros de las llamadas disidencias de la FARC, entre ellos un cabecilla, alias «Ferney», y un ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Chocó abatió a un alto mando guerrillero, alias «Fabián», y dejó al menos cuatro menores de edad fallecidos.

En Tibú, en la frontera con Venezuela, dos adolescentes venezolanos fueron asesinados a tiros después de ser acusados de un robo. La policía, ausente durante varios días que estuvieron detenidos por civiles, acusó a las disidencias, pero otros lo atribuyeron a «prácticas paramilitares».

También se reportó la masacre número 72 en lo que va del año, en la que murieron cinco personas en la ciudad de Tumaco, en el sur del país.

Y se reportó que 46.321 colombianos han tenido que desplazarse por la violencia en los primeros ochos meses del 2021.

Son muestras de que hoy es difícil hablar de paz en Colombia. Los homicidios, el desplazamiento forzado, los enfrentamientos entre bandas armadas y la producción de cocaína han aumentado este 2021, según múltples conteos.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58757536Lo invitamos a seguirnos en nuestra página web: https://transicionalapaz.org/quienes-somos/

El Observatorio de la Transición a la paz tiene el gusto de invitarlos al siguiente encuentro de las universidades públicas por la paz de Colombia:


PRIORIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBITPAZ

En el día de hoy queremos comunicarles especialmente los temas que estamos priorizando en la labor de seguimiento y monitoreo que realizamos en el OBITPAZ, sobre la transición en Colombia y las labores de la JEP y de la Comisión de la Verdad.

Sobre estos temas realizamos y promovemos su seguimiento y monitoreo así como la investigación científica.

Asimismo, avanzamos en el diseño de indicadores para nuevos temas tales como “Aportes de la Comisión de la Verdad a la construcción de paz”, “Avances en la Reforma Rural Integral”; “Amnistía y indulto como elementos de la justicia transicional; “Reclutamiento forzado de niños, caso No. 7”, entre otros.

Estos son los temas que actualmente cuentan con indicadores:

  1. Indicador priorizado: Sometimiento Voluntario de la Fuerza Pública en el macrocaso 03 de la JEP 2018-2020

La línea presenta su primer indicador, que hace referencia a los sometimientos voluntarios de los miembros de las Fuerzas Armadas en la Jurisdicción Especial Para la Paz alrededor del macro caso 03 sobre “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas de combate”.

El indicador muestra los 220 sometimientos voluntarios que han realizado las fuerzas militares a 31 de diciembre de 2020. De igual manera muestra su localización, rango militar, los beneficios de acogerse bajo los marcos jurídicos que se abrieron tras la constitución del caso en la JEP y otra información que permite elaborar un análisis más a fondo con todos los datos que ofrece el Observatorio.

A continuación, puede consultar los resultados del monitoreo de las decisiones de sometimiento voluntario en la JEP

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZThhYWM2ZWYtOTA1ZS00MTZlLWE1M2YtNzEyMGMzNDNhY2ZlIiwidCI6ImQ2NDZkM2E4LTdiMTUtNGI1My05ZDkyLTk4MTVmZDYyNzAyYyIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0ad702248868a104eb74

2. Indicador priorizado: Gestión Institucional Territorial de la JEP

Indicador priorizado: Gestión Institucional Territorial de la JEP

El indicador visibiliza los avances en la gestión de los equipos con presencia territorial vinculados a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, entre 2018 y 2020, por constituir un referente institucional para los principales actores del conflicto armado colombiano.

A continuación en este link puede consultar los resultados del seguimiento y monitoreo.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZThhYWM2ZWYtOTA1ZS00MTZlLWE1M2YtNzEyMGMzNDNhY2ZlIiwidCI6ImQ2NDZkM2E4LTdiMTUtNGI1My05ZDkyLTk4MTVmZDYyNzAyYyIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0ad702248868a104eb74

3. Indicador priorizado: Proyectos Productivos para el Fin del Conflicto

La línea presenta su primer indicador, que hace referencia a los proyectos productivos, descritos antes, desarrollados por los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia Ejercito y Pueblo (FARC-EP) tras la firma del Acuerdo de Paz. Así se revisa y muestra este aspecto de la implementación del acuerdo de paz en los entes territoriales.
El indicador visibiliza la localización de los 1.450 proyectos individuales y colectivos que avanzan en Colombia. Asismo, se indica bajo que línea de producción se desarrollan, de dónde obtienen los recursos para su financiación y otra información determinante para realizar diferentes tipos de análisis con los más de 10.000 datos que ofrece el Observatorio.

A continuación, puede consultar los resultados del monitoreo del estado de dichos proyectos:

Indicador de Proyectos Productivos para el Fin del Conflicto

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzRhYjYzM2EtM2NmOS00MDQ1LWEwODQtODVkYzJmNTllZWNmIiwidCI6ImQ2NDZkM2E4LTdiMTUtNGI1My05ZDkyLTk4MTVmZDYyNzAyYyIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionc23fdf637337354655b1




XVI Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares, 21-23 de julio de 2021

Universidad de Oxford Brookes, Oxford, UR

Ponencia titulada: Paz, Justicia Transicional y Fines de la Pena: Análisis del Acuerdo Final de Paz en Colombia a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.**

Por: Melba Luz Calle Meza, Profesora de Teoría Constitucional, Universidad Nueva Granada, Colombia

https://thesocialsciences.com/2021-conference

**Esta ponencia es resultado del proyecto de Investigación de alto impacto IMP DER 2928 de 2019: La Justicia Especial Para la Paz en Colombia: Diseño de un observatorio social, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada en convenio con las Universidades de Zaragoza y de Valencia-España.


XIX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE NUEVAS TENDENCIAS EN HUMANIDADES

Universidad Complutense de Madrid, Junio 19-Julio 2, Madrid, España.

Ponencia: Consideraciones Bioéticas sobre la crisis del sistema penitenciario en Latinoamérica y Colombia. Alternativas desde la Justicia Transicional. **

Por: Melba Luz Calle Meza, PhD, Profesora de Teoría Constitucional, Universidad Nueva Granada, Colombia

https://cgscholar.com/cg_event/events/H21/about

** Esta ponencia es resultado del proyecto de investigación de alto impacto IMP DER 2928 de 2019: La Justicia Especial para la Paz en Colombia. Diseño de un observatorio social, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, Vigencia 2019, en convenio con las Universidades de Zaragoza y de Valencia-España.


INFORME DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE COLOMBIA

Estimad@s amig@s de nuestra RED

La noticia de ayer sobre la participación de un grupo de militares retirados colombianos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel MoÏse, información confirmada por el Ministro de Defensa, es un hecho escalofriante que nos tiene consternados y que viene a sumarse a toda una serie de sucesos que han colocado en los últimos meses a nuestro país en el centro de las peores nouvelles en materia de violación de derechos humanos. Antes del horrendo crimen de Haití, sobre el que quizás habrá que volver posteriormente, se había dado a conocer el informe de la CIDH, resultado de la visita realizada a Colombia entre el 8 y 10 de junio pasados, con motivo del tratamiento del gobierno a la protesta social y a las movilizaciones iniciadas con el paro nacional del 28 de abril. Dicho reporte refleja una percepción negativa sobre el gobierno colombiano por sus objeciones al Acuerdo de Paz y por la desproporción en el uso de la fuerza como respuesta a la protesta social.

La Corte hace 41 recomendaciones a Colombia y crea un Mecanismo Especial de Seguimiento para este país. El Gobierno rechaza las recomendaciones que considera una violación de la soberanía estatal. La situación es muy preocupante, el desconocimiento de dichas recomendaciones significa un enfrentamiento con el sistema interamericano de derechos humanos, en cuya concepción Colombia tuvo un papel protagónico y, sin embargo, ahora parece desconocer.

El informe y la respuesta del gobierno están siendo objeto de un análisis detallado por IBERPAZ, más adelante haremos nuestros comentarios.

Ahora les comparto directamente la conferencia de prensa de la CIDH y luego el texto del informe.

Váese el texto del informe en el siguiente link:

Saludos cordiales,

MELBA LUZ CALLE MEZA

Coordinadora para Latinoamérica

RED IBERPAZ


CARTA EDITORIAL Nº 2

Tres temas a propósito del paro nacional

que generan amplio debate en Colombia

José Ignacio Lacasta-Zabalza

Coordinador General

Red Iberoamericana de la transición a la paz-Iberpaz

1.- El número de víctimas habidas en las manifestaciones: El gobierno colombiano corrige a la ONU.  

   Según los medios de comunicación (días 22 y 23 de junio del año 2021), la señora Alicia Arango, embajadora de Colombia ante la ONU, ha rebatido el número de muertos denunciado por la señora Michelle Bachelet, representante de la ONU, con respecto a las personas fallecidas en Colombia durante las manifestaciones habidas en el Paro Nacional. La señora Arango ha rebajado de 54 a 24 la cifra de víctimas mortales, sin tratar de las causas represivas de tal mortandad ni de la desmedida acción policial ni de la responsabilidad gubernamental en lo sucedido, mediante una actitud inmoral e irresponsable para la que la vida de sus conciudadanos se reduce a un frío número de quienes la han perdido.

   En tanto que desmentido a la irresponsable versión de la señora Arango, esos mismos días sucedió la muerte del joven Cristian David Castillo en Suba. En la noche del día 22 a la madrugada del día 23 de junio de este año 2021, en medio de una movilización de protesta, Cristian sufrió un fuerte golpe en la cabeza por un objeto contundente que le causó la muerte (El Espectador, 24. 6. 2021). La alcaldesa Claudia López responsabilizó al escuadrón antidisturbios (ESMAD) y a la Policía de esa defunción y aseguró algo que es el núcleo de todo este problema: “mientras no haya reforma eficaz a la Policía seguiremos teniendo riesgos a la vida”.

   Como ha puesto de relieve el Informe de Human Rights Watch (El Espectador, 9. 6. 2021), las víctimas de todo tipo, heridos, desaparecidos y privados de libertad son muchas, demasiadas. Por ejemplo, los 5. 500 manifestantes detenidos, con la antijurídica excusa de “traslado por protección”, a manos de la policía.

   Queda evidencia en este Informe, por si no bastaran algunos vídeos que han dado la vuelta al mundo: a) del disparo de armas letales y fuego real contra los manifestantes, lo que ha sido corroborado por el examen de cadáveres a cargo de los Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Torturas b) de la pasividad e inacción policial hacia los civiles armados que dispararon, en acción paramilitar, contra los manifestantes c) de las denuncias de abusos sexuales realizados contra personas detenidas por la policía, así como la puesta de manifiesto de quejas por varias golpizas policiales.

   El Informe de Human Rights Watch exige al Presidente Iván Duque y al general Jorge Luis Vargas: “que presenten una disculpa, a nombre del Estado, por los abusos policiales cometidos durante las protestas”.

   No hay noticias de dicha disculpa. A la que se debería sumar la señora Alicia Arango. Por reducir el grave resultado de la muerte de personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales (derecho de manifestación), a una mera cuestión sobre el número de fallecidos de la que desaparece su causa: la desproporción de los medios policiales empleados de la cual es responsable el Gobierno de Colombia. Y, más en concreto, el Presidente de la República tiene la máxima competencia sobre la fuerza pública y el orden público (art. 189, apartados 3 y 4, de la Constitución Política de Colombia).

   La señora Alicia Arango parece no entender que un solo muerto por abusos policiales, como lo son los causados por el empleo de las armas de fuego contra las personas manifestantes, es un suceso gravísimo contra el derecho a la vida y los demás Derechos Humanos en cualquier país civilizado.

2.- La asistencia militar decretada por el Gobierno vulnera la Constitución de 1991.

   Desde el Derecho comparado, no está de más recordar las posiciones de principio del jurista español Eduardo García de Enterría, uno de los autores más importantes del Derecho público europeo. En su prólogo al libro de profesor Manuel Ballbé Orden público y militarismo en la España constitucional (Alianza, Madrid, 1983, pp. 11-16), García de Enterría nos desvela una historia de España tan similar en tantas cosas a la de Colombia:

   “la historia de una falacia mantenida en nuestras instituciones desde hace dos siglos con una sorprendente insistencia, la falacia de creer que sólo las armas y los modos de la guerra pueden ser eficaces para mantener integrada una sociedad, o, en términos más simples, para luchar eficazmente contra los trastornos de orden público, trastornos que son inevitables en cualquier sociedad y a los que todas las sociedades modernas vienen aplicando, con eficacia mucho más indiscutible, terapéuticas mucho más simples y matizadas.”

   En el Estado español, y mucho tiene que ver todo esto con el colombiano de hoy, no hubo una democracia moderna y asentada hasta que: a) se acabó con la intervención militar en materia de orden público b) se suprimió la jurisdicción militar sobre estos aspectos concernientes a las libertades públicas c) se dejó de considerar de manera nefasta al pueblo en el ejercicio de sus derechos (manifestación, reunión, expresión etcétera) como un “enemigo interior”.

   El Gobierno de Iván Duque se ha ubicado sin embargo en una plena falacia militar como la denunciada por García de Enterría. El Director de la prestigiosa Comisión Colombiana de Juristas, de reconocimiento internacional, Gustavo Gallón, ha escrito un artículo y ha sido entrevistado por la periodista Cecilia Orozco sobre esta militarización del orden público colombiano (El Espectador, 3 y 6 de junio del 2021). La presente Carta sigue estas bien argumentadas posiciones de Gustavo Gallón. Según él, el Decreto 575 de 28 de mayo, que ordena a 8 gobernadores y 13 alcaldes que recurran a la “asistencia militar” y dispongan de soldados para impedir los bloqueos de las vías vulnera la Constitución Política de Colombia. Vulneración que alcanza al propósito de Iván Duque por ordenar el “máximo despliegue de asistencia militar a la policía”.

   En efecto, a tenor de lo afirmado por la Corte Constitucional, no está permitido a las Fuerzas Militares “intervenir en operativos de control ni contención de la protesta social” (C-281/17). Sí pueden proteger las movilizaciones sociales en circunstancias extraordinarias para que puedan llevarse a cabo. Pero nunca actuar en contra de la población civil que ejerce su derecho a la protesta. Las alteraciones del orden público corren a cargo de la Policía, que también tiene, añadimos (lo que ya dijimos en nuestra Carta nº 1), la primordial función de proteger el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía (entre ellos el derecho de manifestación).

   Por todo ello urge la desmilitarización de la propia Policía. Que sea, como en todo Estado democrático de Derecho, una parte de la Administración civil que dependa del Ministerio del Interior y no, como hoy lo hace en Colombia, del Ministerio de Defensa. Sometida a los jueces y tribunales del orden civil colombiano y ajena por tanto a toda jurisdicción militar. Tribunales militares que en la experiencia de España sirvieron en el pasado, durante la no tan lejana dictadura de Franco, para fomentar la impunidad de los frecuentes desmanes de las fuerzas policiales.

   La violencia, el famoso “vandalismo”, no puede ser ninguna excusa para no actuar de forma policial civilizada y proporcionada ante las manifestaciones. Lo que hay que hacer es prevenir y evitar ese fenómeno violento (desde una modernización de la inteligencia policial) y, cuando se produce, detener y poner a buen recaudo jurisdiccional a los autores de todos los desmanes y destrucción de los bienes de interés público.

3.- La propuesta de una nueva asamblea constituyente en Colombia es desacertada e inconveniente.

   Diferentes voces, todas ellas muy respetables, han reclamado una nueva constituyente.  Aquí no se comparten estas opiniones porque no se empieza la construcción de una casa por el tejado; además, es una ilusión, muy propia de la vieja cultura española, la de creer que si se cambian las leyes cambia de inmediato la realidad. Cuando en la vida histórica real más bien suele suceder lo contrario. La situación colombiana no es la misma que la de 1991 y el poder constituyente que podría perfilarse tampoco. Ni se parece a la situación chilena encargada de acabar, por fin, con el legado de Pinochet.

   La conflictividad actual no trae causa en la Constitución de 1991. Y sí, y muy fuerte, en la inefectividad de los derechos sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente, es decir, en la inaplicación de los mismos de los capítulos 2 y 3 del Título II de la mencionada Constitución. La reforma tributaria, la vivienda, la educación, el medio ambiente, la participación política y el futuro de la juventud, la misma salud que requiere menos privatizaciones y más inversión pública y fortalecimiento, el empleo, los salarios dignos y otras muchas cuestiones que están en la calle y en la negociación del Comité de Paro, provienen del escaso crecimiento y desarrollo del Estado social que, éste sí, está recogido como alentadora posibilidad en la Constitución desde su primer artículo.

   Porque el Estado no es el problema, según han querido hacer creer todas esas irresponsables doctrinas económicas neoliberales que abogaban por su achicamiento y se oponían a su intervención a escala mundial, sino que, como lo demuestra en todo el planeta la vacunación contra el Covid19, es la parte sustancial y herramienta decisiva de las soluciones ante los problemas sociales más graves.

   Que la chispa que ha encendido las grandes movilizaciones habidas haya sido una reforma tributaria injusta, revela que sin un sistema fiscal progresivo y una adecuada redistribución de la renta, que grave a quienes más se han enriquecido en lugar de hacerlo como se pretendía a las clases populares, no se produce el despliegue necesario, imprescindible, de ese Estado social que corrija la desigualdad enorme que existe en el seno de la sociedad colombiana. Desigualdad abismal, con su incremento alarmante de la pobreza, que explica por sí sola la indignación de los millones de personas colombianas que han participado en las huelgas y manifestaciones.




Hoy 27 de Mayo participaremos en el conversatorio ¿Constitución del 91 o constituyente?

Link de inscripción: https://cutt.ly/7b6lIFF



CARTA EDITORIAL No. 1

Tres razones principales de la crisis de Colombia

“Ne cives ad arma veniant

Para que los ciudadanos no lleguen a las armas

Por: Melba L. Calle Meza, Ph.D

Coordinación para Latinoamérica

Red Iberoamericana de la transición a la paz. IBERPAZ

Queridos colegas y amig@s.

Agradecemos muy sinceramente los mensajes de solidaridad y preocupación que estamos recibiendo de nuestros contactos en la Red-IBERPAZ.

Atravesamos momentos muy dolorosos, son tiempos realmente críticos originados en la represión oficial de las protestas pacíficas y lamentablemente no son inéditos pues los colombianos tenemos una muy larga experiencia de represión y de violencia iniciada por el abuso de la fuerza pública (Art.216 Constitución de 1991).

No obstante, la explosión social actual tiene rasgos propios. Hemos querido tomarnos unos días para reflexionar y escribirles para expresarles nuestro parecer y sentimientos sobre lo que aquí sucede. A continuación, comentamos las tres principales razones de la presente crisis, según lo que hemos podido resumir.

  1. Razones económicas: El hambre.

Desde el pasado 28 de abril, con el paro convocado por el Comité Nacional de Trabajadores, se iniciaron enormes movilizaciones del pueblo colombiano.

En primer lugar, las personas jóvenes que ven su futuro amenazado por un muy negativo presente, por un, ya se ha llamado así, “no futuro”. Una protesta general contra un proyecto de ley tributaria descabellada, capaz de gravar con un IVA del 19% los gastos funerarios cuando las muertes por COVID 19 alcanzaron la cifra de 492 diarias en los últimos días (El Colombiano, 3 de mayo de 2021)

El insensato proyecto de gravar la cesta de la compra, y otras desconsideraciones a la gente más necesitada, han hecho estallar una revuelta social de una magnitud nunca vista. Aunque hay un precedente de protesta masiva contra este gobierno del 21 de noviembre de 2019 (Calle Meza, M. (2019).

Continuar leyendo: https://transicionalapaz.org/2021/05/09/carta-editorial-no-1/

SOBRE LA GRAVE CRISIS DE COLOMBIA

Estimad@s tod@s:

Hoy Colombia vive una crisis institucional y social de gran envergadura. La situación se inició con el paro nacional del 28 de abril, las protestas en contra de la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque y la desproporcionada represión policial como respuesta oficial. Y, además de la renuncia del ministro de hacienda, arroja una cifra de 24 muertos y 89 desaparecidos, según el informe de la Defensoría del Pueblo del 5 de mayo de 2021. 

Desde el Observatorio Internacional de la Transición a la Paz- Red Iberoamericana de Investigación, rechazamos las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en los últimos días y apoyamos la manifestación y protesta pacífica. Por ahora suspendemos nuestros boletines y actividades habituales y publicaremos un comunicado para contribuir a la explicación sobre las razones de la crisis colombiana actual.

!Espere nuestro comunicado este próximo fin de semana!

Cordialmente, 

Melba Luz Calle PhD.
Directora Observatorio de la Transición a la Paz

Obitpaz@gmail.com

Universidad Militar Nueva Granada, Sede Campus, Kilómetro 2 Vía Cajicá-Zipaquirá, Costado Oriental, 

Teléfono: 7480333 Ext. 3141


PETICIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA


Melba Luz Calle@melucame
·.@ONU_es: Intervenga YA para detener las violaciones a los derechos humanos promovida por el Gobierno Colombiano #SOSColombiaDDHH#SOSColombiaNosEstanMatando

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es RvTqpGVXzGpHuvo-800x450-noPad.jpg
Firma la petición! http://chng.it/8KG9rD44 a través de @change_esFirma la peticiónQue la ONU Intervenga YA para detener el genocidio que promueve el gobierno en Colombiachange.org


Los invitamos a escuchar la intervención titulada Fundamentos constitucionales de la transición a la paz y a la democracia en Colombia en el I Congreso Internacional de Estudios Sociojurídicos:Transición a la paz, Justicia y Bioética en el siglo XXI, realizado el 12 y 13 de noviembre de 2020. A cargo de Dª Melba Luz Calle Meza Ph.D, Profesora de Teoría Constitucional de la Facultad de Derecho Campus Nueva Granada y de Fundamentos Filosóficos de la Justicia del Doctorado en Bioética de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada y directora del Observatorio Internacional de la Transición a la Paz.



Observatorio Internacional de Transición a la Paz -OBITPAZ- Red Iberoamericana de Investigación



Facultad de Derecho CAMPUS en alianza con investigadores de las Facultades de Relaciones Internacionales CAMPUS y Facultad de Derecho Villa Académica de la Universidad Militar Nueva Granada, UMNG (Colombia) y de las Facultades de Derecho de las Universidades de Zaragoza -UNIZAR y de Valencia -UVEG (España)


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una asociación de investigadores interesados en profundizar en las proximidades culturales entre España e Iberoamérica, con énfasis en Colombia. Cada uno de nosotros tenemos una experticia en diferentes áreas tales como el Derecho Público, Constitucional y Administrativo, la Filosofía del Derecho, la Historia del Derecho, la Sociología Jurídica y las Humanidades. Y somos miembros o dirigimos grupos de investigación en nuestras respectivas facultades y universidades. Pero consideramos pertinente realizar investigaciones conjuntas que ahonden en la comparación entre España y Colombia, así como promover esta materia, a nivel de los estudios de Doctorado, pues estimamos que podría ser más trabajada en ambos países. En estos últimos años hemos venido estudiando el proceso de paz, el derecho a la paz, la justicia transicional, memoria histórica, y temas afines, dada su actualidad en Colombia.

El 20 de agosto de 2020 lanzamos nuestras actividades como Observatorio Internacional de Transición a la paz (OBITPAZ).

En noviembre 2020, con ocasión del I Congreso Internacional de Estudios Socio jurídicos que se celebrará el 12 y 13 de noviembre en Bogotá y Cajicá-Colombia, se ampliará la red con nuevos miembros, investigadores, académicos, representantes institucionales y sociales, de Colombia, España, México, Perú, Costa Rica y demás investigadores de otros países de Iberoamérica, que participen efectivamente. Así, se conformará el OBITPAZ como Red Iberoamericana. Observatorio Internacional de la Transición a la paz. OBITPAZ.


Acta de Constitución de la Red

Líneas de Investigación


Visítanos

Blog de WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: